El alcalde de Palma del Río exigió al Defensor del Pueblo un informe favorable sin haber comenzado la investigación por supuestas irregularidades

El alcalde, en el documento al que ha podido acceder A JIERRO 24 HORAS, pidió al Defensor del Pueblo Andaluz que actuase “al margen del procedimiento abierto”; También que firmase, antes de que se iniciara la investigación, que no había habido “irregularidades” en el proceso de selección de la plaza de sepulturero. 

Toñi Jiménez en la rueda de prensa
Toñi Jiménez en la rueda de prensa

Toñi Jiménez, cuyo esposo denunció presuntas irregularidades en el proceso de selección de personal, compareció ayer martes ante los medios para hacer público que el alcalde de Palma, José Antonio Ruiz Almenara, llamó personalmente al Defensor del Pueblo Andaluz para que interviniese a su favor en el caso, pidiéndole que firmase y le dirigiese un informe en el que se indicara “que no existe irregularidad”. Tal llamada se produce el día 18 de noviembre de 2014, después de que Jiménez y su esposo llevasen el caso ante la Oficina del Defensor el 5 de noviembre de 2014; y lo tratado en ella fue registrado por dicha oficina en un documento interno. Anteriormente (el 17 de noviembre), Ruiz Almenara ya había enviado un correo electrónico de carácter urgente, en el cual urgió al Defensor del Pueblo a actuar “al margen del procedimiento abierto”, exigiéndole responder a la pregunta de si había habido irregularidades antes de las 11 de la mañana del día 18 de noviembre, fecha y hora en que la demandante iba a dar una rueda de prensa acerca del caso. Al parecer, el alcalde pretendía así anticiparse a dicha comparecencia, presentando antes a los medios una declaración del Defensor del Pueblo negando las irregularidades.

En la foto, Rafael Velasco (izquierda), palmeño acusado en el caso de los Cursos de Formación, y el alcalde de Palma, Ruiz Almenara (derecha)
En la foto Rafael Velasco (izquierda), imputado por los Cursos de Formación, y el alcalde de Palma, Ruiz Almenara (derecha) // Foto: El Día de Córdoba

Todas estas acciones del alcalde palmeño tuvieron lugar antes de que se iniciase siquiera la investigación del caso por parte del Defensor del Pueblo Andaluz -y antes incluso de que el propio ayuntamiento enviase la documentación que se le había requerido- y han quedado registradas en el propio expediente, al que los afectados han tenido acceso. Ante la gravedad de lo ocurrido, Jiménez decidió el pasado 30 de julio poner los hechos en conocimiento del pleno municipal, donde presentó la documentación que prueba lo sucedido, señalando que “gracias a la transparencia y legalidad de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz esta actuación del alcalde, intentando inducir a un organismo público e independiente a adoptar una resolución favorable antes de empezar cualquier investigación, y al margen del procedimiento abierto, quedó sólo en un intento”.

El alcalde ya trató de manera discriminatoria a la ciudadana en el pleno ciudadano del pasado 30 de Junio en la localidad,que a partirr del minuto 15 no deja a la imaginación gran parte, tanto en las formas del alcalde como en el fondo de la cuestión. 

Antecedentes del caso:

En enero de 2014 el ayuntamiento de Palma del Río oferta la plaza de sepulturero. El afectado, Juan Francisco Rodríguez Cabrera (que se había presentado a dicha plaza), y su esposa, Toñi Jiménez, detectan presuntas irregularidades en el proceso selectivo. Tras varios meses de insistencia al alcalde del ayuntamiento, José Antonio Ruiz, para que investigase las supuestas irregularidades y las subsanase, éste se negó a ello sistemáticamente, así como a contestar el recurso interpuesto por los afectados, por lo que hubieron de acudir al Defensor del Pueblo Andaluz. La Oficina del Defensor, tras comprobar la documentación que le fue facilitada, concluyó finalmente que no se cumplieron las bases de la convocatoria ni el plazo para alegaciones en las fases de concurso y de oposición. Asimismo, a raíz de la intervención de dicha oficina, el alcalde hubo de contestar finalmente al recurso, lo cual permitió a los afectados abrir la vía contencioso-administrativa. El juicio se celebró 17 de diciembre de 2015 en el Juzgado de lo Contencioso de Córdoba y la sentencia tiene fecha del 11 de abril de 2016. En ella se desestimó lo solicitado por los demandantes aunque la sentencia no fue firme, ya que reconocía la existencia de ciertas “dudas” y daba fundamentos a las dos partes, no condenando en costas y dejando abierta la posibilidad del recurso a instancias judiciales superiores ante las que han recurrido los afectados, encontrándose el caso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía actualmente.

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